El debate fiscal en Gipuzkoa sigue, cuando menos, donde estaba: atascado. La cerrazón de la Diputación en mantener un sistema de módulos "limitado" (tope de facturación de 60.000 euros y 3 empleos) que no es válido para los profesionales del sector y el tratamiento de las ayudas percibidas por los baserritarras (desechando la exención del 100% propuesta por todo el sector pero muy lejos también de otros ejemplos como el alavés) hacen peligrar el futuro del grupo de trabajo sobre la nueva fiscalidad agraria que, en realidad, frente al modelo participativo que públicamente se defiende, viene siendo un foro donde la Diputación expone y el sector, con harto disgusto y no menos resignación cristiana, escucha.

Confiemos que las negociaciones de fiscalidad a un nivel superior (PNV-PSE-BILDU-PP) permitan mantener un sistema de módulos más realista y adaptado al sector profesional.

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